A la Gobernación, ¿quién la ronda?

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El contralor Juan Carlos Pérez Vásquez pertenece al grupo político conservador de la línea del senador Luis Emilio Sierra; el mismo clan al que pertenecen quienes debe vigilar: el gobernador y los dirigentes de al menos cuatro de las principales entidades del departamento.


Juan Caros Pérez Vásquez, contralor departamental de Caldas. Foto de
La Patria.

Por Laura Sánchez y Óscar Veiman Mejía

La pregunta es directa: ¿qué tanto y qué tan efectiva es la vigilancia de la Contraloría Departamental de Caldas a la Gobernación y sus entes?

La inquietud surge a raíz de la conformación directiva y burocrática en este organismo, que desde el punto de vista de la filiación política poco o nada difiere de los funcionarios que ocupan cargos en la Administración Departamental.

Presupuesto para la Gobernación 2017: $651 mil 280 millones.

Los recursos para el funcionamiento de las contralorías departamentales están a cargo de las gobernaciones. En el caso de Caldas, este ente recibió $4 mil 71 millones para este año, por medio de un capítulo del presupuesto de la Administración Departamental llamado Órganos de Control, que incluye la Asamblea, a la cual le designaron $4 mil 5 millones. En total en los últimos ocho años, a partir del 2010, la Gobernación le destinó a la Contraloría $26 mil 391 millones y a la Asamblea $26 mil 628 millones, es decir $53 mil 39 millones, para que cumplan con su función de control.

Presupuesto de la Contraloría

  • 2010: $2.904 millones
  • 2011: $3.010 millones
  • 2012: $3.033 millones
  • 2013: $2.814 millones
  • 2014: $3.072 millones
  • 2015: $3.697 millones
  • 2016: $3.790 millones
  • 2017: $4.071 millones

El contralor, Juan Carlos Pérez, pertenece al Partido Conservador, de la línea del senador Luis Emilio Sierra, que formó parte de la coalición que ganó las elecciones para llevar a Guido Echeverri a la Gobernación.

Pérez llegó a la Contraloría, tras obtener el mayor puntaje en el concurso de meritocracia convocado por la Asamblea Departamental. Los 14 diputados votaron por unanimidad, con lo cual venció a los otros integrantes de la terna: Juan Roberto Jiménez (de la U línea del representante a la Cámara Hernán Penagos) y Carlos Aristizábal (liberal).

El hoy contralor, nacido en La Merced, también se desempeñó como personero de Manizales durante ocho años, es decir dos periodos, siempre por el ala conservadora de Sierra.

Ha sido un recurrente funcionario de la Contraloría de Caldas. Allí empezó su historia profesional en 1983 como mecanógrafo de la Auditoría Fiscal en La Merced, fue revisor de Documentos II y Revisor de Auditoría II hasta 1987 y también secretario General de la entidad. En su posesión como contralor, en enero del año pasado, dijo que su labor la centraría en un control fiscal exhaustivo a las empresas del departamento, entre ellas las más grandes como la Industria Licorera de Caldas y Empocaldas. Preside la Comisión Regional de Moralización.

El sierrismo

Esta línea política del Partido Conservador tiene en sus manos la joya de la corona. Se trata de la Industria Licorera de Caldas, cuyo gerente es Luis Roberto Rivas, un pura sangre sierrista, que llegó a la Alcaldía de Manizales en el 2005 con el apoyo de Salvación Nacional, que preside Luis Emilio Sierra. Lo apoyaron también los congresistas Tony Jozame, de Cambio Radical; Óscar Iván Zuluaga y Adriana Gutiérrez Jaramillo, del Nuevo Partido, y el exalcalde de Manizales Germán Cardona Gutiérrez, hoy ministro de Transporte.

Hallazgos de la Contraloría en la Industria Licorera de Caldas en 2016

  • 3 auditorías especiales: 3 hallazgos de responsabilidad fiscal uno por $232.000.000 y otro por $842.293.440, 2 disciplinarios y 6 administrativos.
  • 1 auditoría regular: 2 hallazgos de responsabilidad fiscal por $16.223.629, con un hallazgo penal, 2 disciplinarios y 5 administrativos. En 2017 2 auditorías especiales: 3 hallazgos administrativos.
  • Auditoría exprés, efectuada tras denuncias el 11 de julio pasado en la Asamblea de Caldas por el diputado Jorge Hernán Aguirre (liberal). La diligencia reportó 13 hallazgos administrativos y apenas uno con posible alcance disciplinario. Aguirre forma parte de la oposición al Gobierno departamental.

Otra dependencia clave es el Instituto de Financiamiento y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), a la cual llegó Luz Stella Cardona, de la corriente del senador Sierra, en reemplazo de Marcelo Mejía, cuota de Cambio Radical, partido afín al gobernador Echeverri.

El contralor en su largo historial de cargos gerenció el Fondo para el Desarrollo de Caldas (Fodecal) hoy Inficaldas, entre 1994 y 1997, de donde pasó a ser jefe de control interno de la Chec.

Presupuesto para Inficaldas 2017: $20 mil 893 millones

Hallazgos en Inficaldas - 2016

  • 1 auditoría en otra modalidad: sin hallazgos.
  • 3 auditorías especiales: 1 hallazgo de responsabilidad fiscal por un valor de 35.495.625, 1 hallazgo penal, 6 disciplinarios y 11 administrativos.

2017

  • 1 auditoría especial: 2 hallazgos de responsabilidad fiscal por $33.656.279, 3 disciplinarios y 1 hallazgo administrativo.

El poder del sierrismo en la Administración Departamental lo tiene en la Secretaría de Agricultura. Allí el secretario es el excandidato a la Gobernación Ángelo Quintero.

Presupuesto para desarrollo rural 2017: $1.020 millones.

El triángulo de poder burocrático del sierrismo lo cierra la Secretaría de Educación Departamental, cuya nómina es superior a la misma administración central, con decir que tiene a cargo 4.500 profesores y 1.070 sedes educativas.

Su secretario es el exalcalde de Samaná y exvicerrector académico de la Universidad de Caldas Fabio Arias, conservador sierrista. La esposa de este es Luz Fanny Muñoz, gerente de la Contraloría General de la República en Caldas, encargada de vigilar los contratos que el Departamento firme con la Nación, incluidos los educativos.

Completa este entramado político en el control fiscal el presidente de la Asamblea de Caldas, Ignacio Alberto Gómez, quien también preside la Comisión Tercera, por donde pasan el Plan de Desarrollo y el presupuesto para todos los sectores.

En la Asamblea las mayorías las integran el Partido de la U con los cinco diputados de sus dos líneas, la del senador Mauricio Lizcano y la del representante a la Cámara Hernán Penagos; el conservartismo con dos del sierrismo, a quienes se suman un diputado de Cambio Radical y un liberal.

La oposición la integran dos diputados liberales, dos del Centro Democrático y uno del conservatismo yepista.

Presupuesto para Educación 2017: $264 mil millones ($243 mil millones de transferencias de la Nación y $21 mil millones de recursos propios)

El lizcanismo

En el siguiente peldaño en la conformación de la Contraloría de Caldas está la subcontraloría. La ocupa Jorge Andrés Gómez Escudero, cuota del senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, que también tiene tajada burocrática en el Departamento.

Por ejemplo, al frente de la Dirección Territorial de Salud está Gerson Bermont Galavis, quien también apoyado por Lizcano ejerció como alcalde de La Dorada en el 2010.

Presupuesto Territorial de Salud 2017: $68 mil millones ($55 mil millones de transferencias y $13 mil millones de recursos propios).

Hallazgos en la Territorial de Salud en 2016

  • 1 auditoría en otra modalidad: sin hallazgos.
  • 1 auditoría especial: 2 hallazgos administrativos.

2017

  • 1 auditoría regular: 1 hallazgo de responsabilidad fiscal por un valor de $408.000, 2 disciplinarios y 12 administrativos.
  • 1 auditoría exprés: 1 hallazgo de responsabilidad fiscal por $290.000 y 1 administrativo.

Otra ficha del lizcanismo es el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, quien también llegó a la Alcaldía de Palestina en el 2011 y a la coordinación departamental de la U, respaldado por Lizcano.

La lista del lizcanismo incluye la gerencia de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas), fortín político reconocido desde los tiempos de los senadores Renán Barco (liberal) y Ómar Yepes (conservador). Al frente está Carlos Arturo Agudelo, quien como diputado respaldó a Lizcano. La empresa se encarga de abastecer de agua potable a 21 de los 27 municipios de Caldas, y aprobó este año, por ejemplo, $100 mil millones para atención de emergencias.

Hallazgos en Empocaldas - 2016

  • 3 auditorías especiales: 6 hallazgos administrativo.

2017

  • 1 auditoría especial: 3 hallazgos de responsabilidad fiscal por un valor de $343.272.859

El hospital Santa Sofía, el más importante del orden departamental, lo gerencia William Arias, quien llegó al cargo por meritocracia, tras ocupar la gerencia de hospital San Félix, de La Dorada, como cuota del barquismo liberal. En la actualidad es reconocido como lizcanista. Este centro asistencial aprobó para el presente año un presupuesto por $73 mil millones.

Hallazgos en el Hospital Santa Sofía en 2016

  • 1 auditoría otras modalidades: 1 hallazgo administrativo.

Otra secretaría fundamental para la corriente lizcanista es la de Desarrollo Social que tiene como secretario a Wílder Escobar, quien llegó al cargo después de ser el alcalde de Samaná en el 2011, con apoyo de ese senador.

Presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social 2017: $6.367 millones.

La más reciente conquista burocrática del senador Lizcano es la Secretaría de Deporte del departamento. Allí llegó Ronald Bonilla, quien era concejal sierrista de Manizales. En su nuevo puesto es cuota del expresidente del Congreso.

Presupuesto para la Secretaría del Deporte 2017: $5.572 millones.

Contraloría: la nómina que no cuadra

En respuesta a un derecho de petición enviado a la Contraloría de Caldas, esta respondió, en documento firmado por Pérez Vásquez que la nómina actual es de 23 persnas. Esa cifra no coincide con la que aparece en la web de la misma entidad (54) y de la planta de personal aprobada por la Asamblea Departamental en el 2013 (57).

En la respuesta aseguraba que incluía el listado de todo el personal que ha estado vinculado a la entidad desde el 2016 hasta la fecha, los funcionarios contratados por nómina, los de carrera, los contratados por prestación de servicios y los designados en cargos de libre nombramiento y remoción.

Al revisar el documento remitido a esta redacción se nota, además de tener 31 funcionarios menos que en la página web, dieron cuenta de dos subcontralores; que no definen los niveles de los funcionarios y tampoco el sueldo de algunos.

También llama la atención que ni en el derecho de petición ni en la página web aparece el salario del profesional especializado grado 3, a pesar de que en la nómina hay seis con esa denominación.

La falta de claridad en la información tiene repercusión en el valor de la nómina. Incompletas como están, por ejemplo, la nómina de la página web valdría al mes $131.470.569, al año sería $1.577.646.828, del propuesto de la Contraloría de este año ($4.071.000.000). En la nómina de la respuesta del derecho de petición valdría al mes $76.326.049, al año sería $915.912.588.

Por esto se entrevistó al contralor, quien dijo que es un error en la respuesta, que preparó una funcionaria, y que sería corregido. El jueves pasado rectificó la cifra, en un nuevo documento y dio cuenta de 57 personas en la nómina. No obstante, llama la atención cómo se responde un derecho de petición en el que quien lo recibe confía en la información pública recibida.

Contraloría, vista por diputados

  • Nicolás Aguilar, del Centro Democrático

La Contraloría en lo que va de este año ha sido muy lejana a la Asamblea, se ha distanciado la relación y últimamente no hemos tenido la visita, puede ser que la misma Asamblea no la citara. Tiene funcionarios de altas capacidades, pero este año no se han visibilizado lo suficiente. Sé que hubo una solicitud de un diputado a la Contraloría por una auditoría exprés en la Licorera, de unos hallazgos administrativos, pero revisándolos no hubo nada raro.

  • Juan Sebastián Gómez,

La U Las contralorías son muy importantes. Creo que lo que tenemos que hacer es fortalecerlas, no solo que sean inquisidoras, sino que puedan acompañar de una manera ordenada y transparente. Sí creo que les falta una participación más activa con la Asamblea porque muchos temas de las sesiones no trascienden.

  • Jorge Hernán Aguirre, Partido Liberal

Creo que desde lo constitucional hacen la tarea, pero el retirarles el control de advertencia se limitaron. Debe haber mucho más rigor en la vigilancia a las entidades, cumplen bien sus funciones, pero les falta eficacia. Casi siempre viene el funcionario, pero debe ser una denuncia como la que yo hice para que pidan los audios de la sesión, de resto no es normal. Ellos no revisan toda la contratación solo toman una muestra, hay que mirar por qué la contratación directa en vez de ser una excepción se volvió regla. Muchas veces ellos exigen planes de mejoramiento para los hallazgos, pero muchas veces no son cumplidos, reiteran en los mismo errores ¿Hasta dónde van los hallazgos disciplinarios y administrativos?

  • Ómar Alberto Reina, conservador yepista

Las decisiones que toma la Contraloría van en contravía a la ruta de navegación, a veces se puede sentir que los contralores parecen de piedra porque los eligen los mismos que tienen las mayoría en las corporaciones. En la de Caldas le cuesta al Departamento $3.850 millones, parece una cifra alta, pero es insuficiente para el equipo técnico que debería tener. Por eso cada año llega a una pequeña parte de la que debería llegar. Un problema es que es un control posterior a la adjudicación de los contratos. Las herramientas son muy cortas para el control que deben hacer.

  • Responde el contralor

"Me parece muy raro, en realidad no sé qué pasó en realidad con la nómina que le enviaron, tenemos 57 funcionarios y un solo subcontralor que es Jorge Andrés Gómez. En la página web debe estar desactualizada la información", explicó el contralor, Juan Carlos Pérez. El martes el contralor entregará a la Asamblea la rendición de cuentas de este año en la que tienen 140 auditorías a 127 entidades con 294 hallazgos (fiscales 27, administrativos 223, disciplinarios 42 y penales 2). En el informe destaca los hallazgos en la Gobernación de Caldas, DTSC, Alcaldías de La Dorada, Chinchiná, Villamaría y Palestina, Hospital de San Félix (La Dorada), Inficaldas, ILC y Empocaldas, pues tienen gestiones y resultados desfavorables. Algunos diputados expresaron que la presencia de la Contraloría en la Asamblea ha sido muy pobre, a lo que él respondió que todos los días el funcionario Rubén Darío Nieto Cuervo toma apuntes de las discusiones. "Nosotros escuchamos las quejas y elaboramos el plan de emergencias de auditorías, y mes a mes se les envía un informe. Pasa que muchos diputados no la analizan porque es una información abundante y técnica".

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