En Pereira, un contralor pendiente de consolidar resultados

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El protagonismo por varios escándalos políticos y de corrupción divulgados durante el 2017 le han dado al contralor, Alberto Arias Dávila, un aliento de credibilidad con el que no contaba cuando fue elegido. Sin profesionales en diferentes campos se avanza en la gestión de control fiscal.


: Juan Pablo Gallo, alcalde de Pereira y Alberto de Jesús Arias Dávila,
contralor municipal.

Por Abelardo Gómez

“Sí, soy amigo de la clase política, no solo del doctor Diego Patiño, que es mi amigo; pero soy amigo de la clase política porque para usted llegar a estas posiciones en un Estado, en una democracia como esta, llega a través de la clase política, eso no lo podemos ocultar”.

La elección en su momento del actual contralor de Pereira, Alberto de Jesús Arias Dávila, no fue sorpresa para nadie. Apenas se vio su nombre en la lista de los 21 aspirantes que se presentaron a la entrevista con el Concejo, se generaron alianzas y hubo detractores. Al final, de los 19 concejales, 12 votaron a su favor y 7 en contra (5 del Partido de la U, uno del Polo Democrático y otra del Partido Verde).

Las críticas apuntaron desde el inicio a que el concurso de méritos pudo ser sólo una fachada solo una fachada, como lo dijo el concejal del Polo Democrático, Carlos Alfredo Crosthwaite, quien afirma: “Uno sabía que eso estaba ya cocinado, ya eso se percibía en el ambiente, entonces lo que hicieron fue una pantomima, de que se hizo sí un ejercicio de calificación sin ningún criterio técnico, sin ningún criterio científico, sin ningún criterio académico, sin una estructura de calificación que permitiera ser eficiente, imparcial, idónea...”

Su afirmación la matizó: “Alberto va a cumplir una tarea, pues digamos que de alguna manera se ha salido un poquito del molde porque hemos tenido la oportunidad de acceder a algunas solicitudes de investigación que por lo menos se le han dado curso, como en el caso del lote de la novena”. Se refiere a un cuestionado terreno para una sede de la Policía Nacional, hecho por el cual ya se inició una investigación para determinar si hubo sobrecostos en la compra del lote por parte de la Alcaldía de Pereira.

El actual contralor es un economista pereirano, de 56 años. Estudió en la Universidad Libre, con postgrado en Ambiente, economía y sociedad, además es especialista en Planeación para la Educación Ambiental de la Universidad Santo Tomás.

Ha ocupado diferentes cargos en el sector público, entre los cuales se destacan los de jefe de Desarrollo Regional de Pereira (1991); contralor del Departamento (1992-1995); director durante 14 años de la Carder (Corporación Autónoma de Risaralda). Fue candidato, siempre por el Partido Liberal, a la Gobernación en el 2011, cuando obtuvo 30 mil votos y quedó en el cuarto lugar y fue candidato a la Cámara de Representantes en el 2014, sin alcanzar la curul. La concejal Carolina Giraldo, del Partido Verde, manifiesta que fue escéptica con la elección de Arias Dávila, debido a su afinidad política con el alcalde Juan Pablo Gallo, “pero con sus acciones de control ha hecho más de lo esperado”.

“Esperamos que esto no se deba a conflictos internos que hay entre el representante liberal y el alcalde, algunas pugnas y divisiones internas dentro del Partido Liberal y que entonces la Contraloría esté actuando de alguna manera politizada, y que cuando hagan las paces nos quedemos otra vez sin contralor, porque eso sería catastrófico”.

Uno de los procesos de mayor impacto local, denuncia conjunta de la Contraloría y la Personería, fue el llamado escándalo de los dineros de los grupos de tercera edad. Por estos hechos fueron capturados un exsecretario de Desarrollo Social de la actual administración y otras cuatro personas, entre ellas funcionarios y contratistas.

Presupuesto sin garras

Creada en diciembre de 1956, la entidad ha cambiado mucho desde el 2001, cuando la integraban 102 funcionarios; pero al dar cumplimiento a la “Ley de ajuste fiscal” se pasa en ese año a 59. En la actualidad tiene 45 funcionarios, de los cuales 14 son de libre nombramiento o provisionales.

Todos los consultados para este informe –contradictores y afines– coinciden en la misma percepción: el sistema de contralorías está siendo disminuido a través de presupuestos cada vez más reducidos, limitando su capacidad de contratación de personal especializado. Tan reducidos son los ingresos que, en el caso de la Contraloría de Pereira, el presupuesto para este año es de 2.800 millones de pesos, de los cuales el 94 por ciento va para nómina y funcionamiento, porcentaje similar al promedio nacional.

Contratos de todo tipo

El escaso presupuesto destinado a inversión se dedica casi por completo al pago de suministros o asesorías de algunos pocos expertos. La mayoría de la contratación es de carácter directo.

El contralor Arias Dávila ha realizado 123 contratos desde que asumió su cargo en marzo del 2016 hasta principios de julio del 2017, que es la fecha más cercana disponible en el informe entregado por la Contraloría Municipal.

Llama la atención el realizado con la empresa Crisalltex, por invitación pública de mínima cuantía, con el fin de proveer dotación en vestuario y calzado para tres empleados. Crisalltex aparece en las bases de datos como donante de la campaña del alcalde Gallo.

Otra donante, pero en el 2012, fue Beatriz Osorio Quintero, amiga del actual concejal conservador Juan Alejandro de la Cruz. Osorio Quintero tuvo ocho contratos con la entidad entre el 2012 y el 2015, para el “mantenimiento del archivo histórico de la entidad”.

Asimismo, en los registros del periodo del anterior contralor, José Nelson Estrada, aparecen de manera destacada los contratos con varios comunicadores y periodistas de la ciudad, todos ellos cercanos a los dirigentes políticos. Este tipo de gastos parece contravenir lo dispuesto por la Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, que pidió restringirlos al mayor ahorro posible.

Por ejemplo, entre el 2012 y 2015, Leonel Arbeláez Castaño, actual director del noticiero de Todelar, firmó 11 contratos con montos variables y propósitos diversos, tales como “Promoción y difusión de las actividades desarrolladas por la Contraloría municipal de Pereira” o “Prestación de Servicios Profesionales en el área de comunicación social con el fin de impartir conferencia en Familia, valores, principios, manejo de conflictos” o “Regreso de vacaciones, impacto en el trabajo”.

En el periodo 2013-2015, el asesor y periodista político Álvaro Rodríguez Hernández figura con seis contratos. El objeto de ellos gira alrededor de “Apoyo a la gestión de la Contraloría Municipal de Pereira en materia de Comunicación y posicionamiento de imagen” o “Prestación de servicios como periodista para apoyar la gestión de la Contraloría Municipal de Pereira en materia de difusión de información”.

También aparece el periodista James Amaya Alvarán con dos contratos entre 2014 y 2015, para “Prestación de servicios de apoyo a la gestión mediante la emisión, transmisión, difusión y promoción de las diferentes actividades de la Contraloría Municipal de Pereira en un canal de televisión por internet que cuente con una amplia y variada programación en distintos horarios del día”.

El actual contralor Arias denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría los contratos irregulares con otros comunicadores y periodistas locales, hechos ocurridos en el 2015. El caso, todavía en proceso judicial, involucró a seis personas, de las cuales cinco fueron cobijadas con la medida de casa por cárcel. Según Arias, todavía falta por terminar una segunda parte de la investigación.

Casos archivados

En un reporte solicitado a la Contraloría Municipal se informa sobre la relación de casos archivados. Así, en el 2016 se archivaron los radicados números 002 al 035 y en el presente año los números 001 al 021, que hacen referencia a los contratos con periodistas y comunicadores de la ciudad, en la mayoría de los cuales se advierten posibles irregularidades, aunque tienen la anotación final de “Etapa probatoria”; asimismo, se afirma que no hay procesos “prescritos” en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, a cargo de Esperanza Londoño Ocampo.

 

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