Ariza, la punta de lanza de Tavera

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El contralor de Santander Diego Fran Ariza, amigo desde hace 15 años del gobernador Didier Tavera, archivó el proceso por un contrato de la Secretaría de Educación en el que la Fiscalía sí encontró graves irregularidades. Ariza admitió que se reunió con la coalición de gobierno en la Asamblea antes de resultar elegido.

Bogotá
Diego Gran Ariza, contralor departamental de Santander

Por Jineth Prieto

La investigación de la Fiscalía que hoy tiene en la cárcel a la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, puso en la mira la gestión de la Contraloría departamental.

La funcionaria fue acusada porque, según la Fiscalía, cometió graves irregularidades en la entrega del contrato por $32.425 millones de pesos para el suministro de alimentos a los estudiantes de los 82 municipios, y por eso le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad documental y peculado por apropiación a favor de terceros.

No es la primera noticia que se tiene sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Antes de la entrega del contrato hubo advertencias del Comité de Transparencia por las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, y ya en ejecución los padres de familia reclamaron porque había menos mesadas de las facturadas.

Sin embargo, el contralor Diego Fran Ariza, tras una auditoría exprés al contrato, determinó que sólo había existido fallas administrativas y archivó el proceso.

El viejo amigo

Aunque en esencia las contralorías deberían ser manejadas por actores independientes al gobierno de turno para que se garantice que la vigilancia sobre la inversión de los recursos sea transparente, en Santander llegó a ese cargo Diego Fran Ariza, un viejo amigo del gobernador Didier Tavera.

Su relación data de al menos 15 años atrás.

Ariza se crió en el barrio Kennedy, un sector popular al norte de Bucaramanga, en el que su mamá, Adela Pérez, fue líder del Partido Conservador pero solo se conoció con Tavera a inicios del milenio en las ferias de los pueblos de la provincia de Vélez. Los acercaron los intereses de sus familias en los caballos. Mientras que el papá de Ariza fue un reconocido chalán en el departamento, la familia de Tavera comercializaba con razas, y eso los hizo coincidir en varios lugares de la región.

Ambos estudiaron en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, el ahora contralor de Santander estudió Contaduría Pública mientras que Tavera estudió Derecho.

Pero a diferencia de Tavera, quien desde ese momento se empezó a mover de frente en la política, Ariza mantuvo un perfil bajo.

Desde que se graduó empezó a ejercer y se especializó en finanzas públicas. Luego de estar cinco años en el sector privado y un corto paso por la administración municipal, según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, y Gestión del Empleo Público, en 2001 entró a la Contraloría de Bucaramanga como cuota de la entonces concejal conservadora Carmen Lucía Agredo con quien su mamá trabajaba políticamente, cuando el alcalde era Iván Moreno Rojas (hoy preso por el carrusel de contratación de Bogotá). Ariza se mantuvo allí hasta mediados de 200.

En 2004, cuando Tavera llegó a la administración del entonces gobernador Hugo Aguilar (quien después sería condenado por parapolítica) como Secretario de Desarrollo, Ariza entró a la Contraloría del departamento como auditor.

Sin embargo, esta vez lo hizo como cuota del exsenador condenado por el carrusel de las notarías, Alirio Villamizar, quien en ese entonces renunció a su curul en la Asamblea para buscar el Congreso y le heredó el asiento a su mamá Adela Pérez. En ese cargo se mantuvo hasta octubre de 2006 cuando renunció para saltar a la arena electoral.

Aunque para ese entonces Didier Tavera estaba con el viejo PIN -partido del exsenador condenado por parapolítica Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil- y en 2007 fue el candidato del también parapolítico Hugo Aguilar a la Gobernación por ese partido, su incursión se dio de la mano del Partido Conservador (el de su mamá) como candidato al Concejo de Bucaramanga.

El debut de Ariza no fue malo, pero tampoco le alcanzó para quedarse con la curul -quedó en segundo lugar con 2.008 votos (el ganador fue Édgar Higinio Villabona con 2.234)-, así que tras la quemada volvió al sector público y llegó a dirigir la oficina de Espacio Público en el mandato del entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza.

En ese cargo se mantuvo tres años hasta que decidió medirse en las urnas nuevamente, esta vez con el aval del viejo PIN.

Según le dijo Ariza a La Silla Vacía, a ese partido llegó en 2010 por sugerencia de Tavera, quien acababa de ser elegido representante a la Cámara en el partido de Gil, y luego de considerar que en la lista conservadora no tenía muchas oportunidades de quedarse con una de las curules del Concejo.

En su segundo intento y con el impulso de Tavera, quien desde entonces se convertiría en su padrino, ya en su rol de congresista duplicó su votación (obtuvo 4.175) y se quedó con una de las 19 curules del Concejo.

Su victoria pegó en dos bandas. Por un lado, derrotó a Pedro Nilson Amaya quien venía de ser concejal en el período anterior y era la ficha del ‘Tuerto’ Gil quien de paso perdió representación política en el cabildo municipal, y por otro le aseguró a Tavera una ficha fuerte dentro del partido.

Como concejal le fue bien. Concejo Visible -un observatorio que se encarga de hacerle seguimiento a la gestión de los corporados en Bucaramanga- lo calificó la mayoría de su período dentro de los primeros lugares.

Mientras estuvo en la curul, su cercanía con Tavera fue notoria. Por ejemplo, Ariza logró que el entonces Representante la Cámara, participara como invitado a un cabildo abierto y movilizara a la Comisión Sexta a Bucaramanga para debatir sobre los atrasos de una vía en el norte de la capital de Santander (dónde Ariza se crió), que terminó abandonada por el concesionario.

En paralelo los dos conformaron un grupo al que llamaron ‘Desarrollo Dinámico’ -por las iniciales de sus nombres-, y se dedicaron a hacer política juntos en Bucaramanga visitando barrios.

Aunque tenía el terreno abonado para repetir en 2015, sus afinidades políticas dieron un vuelco al igual que las de su padrino Tavera. El ahora gobernador renunció al viejo PIN y entró al Partido Liberal para buscar la Gobernación de Santander, luego de que el exgobernador y ahora senador Horacio Serpa (con quien se enfrentó en las locales de 2007 cuando era candidato del parapolítico Hugo Aguilar) hiciera lobby para darle el aval.

En medio de esa voltereta, tras bambalinas Ariza fue clave porque impulsó campañas rojas para las legislativas de 2014 moviendo la maquinaria de Tavera.

La Contraloría

En la campaña de 2015, con Tavera en la carrera por el ‘Palacio Amarillo’ Ariza guardó un perfil bajo, pero una vez su grupo ganó y terminó su periodo como concejal se metió dentro del sonajero para la Contraloría de Santander.

El cargo era clave para Tavera porque más allá de un fortín en sí mismo (en Santander la Contraloría no puede contratar por prestación de servicios personal de apoyo y solo la nómina se come $7 mil de los $8 mil millones del presupuesto anual), el poder de ese órgano radica en que vigila la inversión de recursos con un presupuesto cercano a un billón de pesos anuales.

Como contó el portal La Silla Vacía, su designación se dio por descontada en el Santander político mucho antes de que los 16 diputados votaran en la plenaria para elegirlo.

El 20 de enero de 2016, día previo al que estaba programada la elección, los 12 diputados que para entonces conformaban la coalición de Tavera, se reunieron con el hoy contralor y acordaron el apoyo.

“En la reunión nos mostró su hoja de vida y todos sabíamos que era el candidato del gobernador así que no fue necesario entrar en muchos detalles”, aclaró para esta investigación uno de los diputados.

Ariza no negó la reunión y explicó que lo que hizo fue presentarles su hoja de vida a los diputados, dado que su experiencia era ideal para el cargo.

“Yo sé que venía del sector político, negarlo sería mentiroso, pero toda mi experiencia está en el sector contable y financiero. Aprovechando que conocía a muchos de los diputados les pedí su apoyo”, explicó.

Aunque finalmente ese día la votación tuvo que aplazarse porque uno de los candidatos interpuso una tutela y la elección se cumplió solo 10 días después, las cuentas no cambiaron y fue designado como contralor de Santander. Sumó 15 de los 16 votos posibles. Además de los 12 de la entonces coalición, llegaron los tres del Centro Democrático.

Ese día el único que no votó por Ariza fue el diputado del Polo, Roberto Schmalbach, quien además se declaró en oposición al gobierno de Tavera.

“Votar por un amigo del gobernador no tenía sentido. Estas figuras corrompen el espíritu de la vigilancia de las contralorías”, nos dijo Schmalbach sobre esa elección.

Una vez Ariza asumió como contralor de Santander, una de sus primeras decisiones fue pedir la renuncia protocolaria a todo el personal que podía ser removido, y con los nuevos nombramientos empezó a cumplir compromisos con los diputados, quienes pusieron sus cuotas en algunos cargos clave de esa entidad. Según contó La Silla Vacía, en esa repartija burocrática, varios partidos obtuvieron cargos.

Por un lado, el viejo PIN puso al segundo a bordo de la Contraloría. Allí llegó José Joaquín Plata, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral quien es de la línea directa del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, luego de ganarle una puja interna al exdiputado Julio Villate quien estuvo varios meses en la administración del ex gobernador Richard Aguilar como su secretario de Educación.

En el lado de los liberales, el diputado Carlos Alberto Morales logró que Guadalupe Chinchilla Pabón, una cuota que ya tenía en la Contraloría, ascendiera en el escalafón y fue designada Secretaria General; los conservadores tuvieron su parte con la llegada de José Manuel Ojeda Sanabria, excandidato azul al Concejo de Bucaramanga quien llegó a dirigir la oficina de política institucional recomendado por el diputado Humberto Lizcano; y Cambio Radical, puso a Marco Aurelio Reina, quien llegó como asesor de despacho de Diego Fran Ariza a nombre del diputado Édgar Suárez, y a Otilia Luna, quien entró a la oficina de control interno disciplinario como cuota de Álvaro Celis.

Un aliado ideal

Con ese equipo, Ariza inició su periodo mientras Tavera puso el retrovisor sobre el mandato de Richard Aguilar, cuya familia fue su principal rival en la contienda de 2015.

Tavera arrancó denunciando que su antecesor había pagado máquinas chinas a precios de Catterpilar” para renovar el banco de maquinaria del departamento y en menos de un mes casi a diario ocupó titulares de prensa locales por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos de regalías y por los retrasos de las obras pagadas con el Contrato Plan.

Ariza en el rol de contralor se convirtió en coequipero.

Durante los casi dos años que lleva su gestión al frente de la Contraloría, Ariza primero reportó un daño fiscal de $800 millones en el contrato para los Juegos Nacionales de 2015, luego anunció que la plata comprometida en presuntas irregularidades del banco de maquinaria ascendía a los $5 mil millones, y en agosto de este año dio a conocer que el daño fiscal por las irregularidades en la construcción de la represa de la batanera -obra que colapsó a los pocos días de inaugurada- ascendía a los $9.700 millones.

También su labor ha servido para determinar un daño fiscal que bordea los 600 millones de pesos solo en el manejo administrativo de la Corporación Panachi -fortín de la familia Aguilar que maneja los proyectos turísticos del departamento-, y en general para poner a Richard y a su equipo en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero cuando se trató de la administración de Tavera, la figuración de la Contraloría prácticamente desapareció.

Si bien eso se debe en parte a que la labor de ese ente de control es posterior, es decir, sólo actúa una vez los contratos están liquidados y hasta la semana pasada el informe definitivo sobre la contratación de la Gobernación en 2016 no había sido liberado, en los casos en los que se esperaba que actuara con el mismo rigor, poco o nada ha sucedido.

El Programa de Alimentación Escolar ha sido el más llamativo.

Aunque hubo denuncias sobre presuntos direccionamientos, y a pesar de que niños terminaron intoxicados en un municipio porque los alimentos estaban en malas condiciones, la Contraloría consideró que solo eran necesarias algunas sugerencias.

“Miramos los incumplimientos, pero como la Secretaría de Educación descontó todo lo que no se entregó o se entregó mal, no había daño fiscal”, le dijo Ariza al portal La Silla Vacía.

Sin embargo, sobre las denuncias sobre el presunto direccionamiento del contrato o la negativa de la administración a sancionar al contratista por el incumplimiento de lo pactado no se pronunció.

En contrapartida, la Fiscalía capturó la semana pasada a la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, al supervisor del contrato y hasta a la representante legal de Surcolombiana de Inversiones, la firma que se encargó de entregarle los alimentos a los niños.

Ariza también ha omitido pronunciarse sobre el estado del banco de maquinaria en la era Tavera y cuya gestión fue declarada desfavorable por la misma Contraloría en la vigencia de 2015.

En la Asamblea denunciaron que debido a que la Gobernación no ha destinado recursos para mantenerlo y repararlo no está prestando servicios, y eso pese a que representa un daño patrimonial al departamento.

En el caso Panachi, la efectividad de Ariza también se opacó cuando se trató de revisar las actuaciones de Tavera y su equipo.

La Contraloría ha guardado silencio sobre el poco mantenimiento a los parques (Panachi, Cerro del Santísimo y el Acuaparque del Chicamocha), pese a que en el departamento hay varias denuncias sobre el abandono de la infraestructura.

En 2016, cuando Ariza, quien ya tiene abiertas dos indagaciones en la Procuraduría por nombramiento y remoción de personal, revisó la inversión de la plata del departamento en el último año de Aguilar, determinó que en el departamento no se habían invertido correctamente $60 mil millones -lo mismo que costaría construir otro Cerro del Santísimo (con todo y adiciones)-.

 

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